LAS MODIFICACIONES DE LA LEY POR EL GOBIERNO DE RAJOY SE CARGAN A MILLARES DE AUTÓNOMOS DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

La consecuencia más inmediata que acarrea la modificación de la LOTT de 25 de julio 2013 (Ley y Ordenación de los Transportes Terrestres) está siendo nefasta e insuperable para la mayoría de los autónomos cooperativistas del transporte de mercancías por carretera que ya se veían a bolsillo vacío y con la soga al cuello. Como consecuencia de la hostilidad del gobierno del PP millares de autónomos profundizan en el desconsuelo, bracean sobre las cloacas de la miseria y sueltan los últimos suspiros de agonía en las colas del INEM, sin que se les reconozca el derecho a ningún tipo de subsidio. La última persecución, acoso y derribo del gobierno, sin embargo, no es nueva para un sector excesivamente vapuleado por las modificaciones estatales. Las diferentes tropelías del gobierno han causado millares de bajas humanas en la actividad autónoma. Además de un sinfín de carencias familiares; así como mermas económicas en las arcas públicas por concepto de cotización a la Seguridad Social y tributos a la administración de Hacienda.

            El gobierno español ha modificado la LOTT (ley y ordenación de los transportes terrestres) para arremeter contra la debilidad de los transportistas autónomos cooperativistas mientras deja libertad y manga ancha a los gestores de las grandes empresas de la logística y del transporte de mercancías por carretera en general. El precio mínimo que las empresas afectas deberían de pagar por km se contempla en el observatorio de costes para el transporte de vehículos pesados que publica el propio ministerio de Fomento y lo exhibe en su página Web como ejemplo innegable del buen hacer comercial: http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/75019EB9-D1D4-48DD-B58C-91FBD81E8E3B/122125/Observatorio_de_Costes_octubre2013.pdf

Pese a ello, el observatorio no se respeta y existe incumplimiento empresarial mientras ronronea el silencio gubernamental. Causa directa de desigualdad socio-comercial que pone de manifiesto que disfrutamos de un mercado competitivo español inexiste como tal en la España del siglo XXI. En cambio, deja muy clara la visión de un sistema productivo que sangra de vicio especulativo. Un ejemplo de remuneración desigual deriva del denominado trabajo al enganche: el autónomo aporta la cabeza tractora, el trabajo, los costes de administración, la exposición a la carretera, el mantenimiento, la inversión e incluso el pago de posibles desperfectos que pudiera causar al semirremolque de las empresas con quienes contrata.

Los dueños de las plataformas, la logística y el transporte, sin embargo, no exponen ningún tipo de gasto e inversión más allá de la gestión mediadora, excepto el desgaste habitual de los semirremolques por cuales obtienen beneficios que superan los cuarenta céntimos por km. La modalidad del sistema por tanto, desenmascara un vicio que deriva de la codicia de las empresas que se adentran en abuso desigual y se alejan del observatorio de costes del transporte que edita y promulga el ministerio de Fomento. En la página nº 11 del mencionado observatorio a fecha 31/10/2013 se aprecia que el coste mínimo por km de un vehículo pesado alcanza los 1,122 € en vacío y 1,320 € en carga, sin IVA. El mercado que lideran las grandes áreas empresariales del sector, en cambio, (sin negociación ni espacio para ello) imponen y pagan al transportista autónomo precios irrisorios que habitualmente oscilan sobre los 0,67 y 0,70 € por km. La diferencia entre el apercibo y el coste mínimo es cuantiosa y con ello se adentra en estado de ilegalidad: DUMPIG.

También los km que las empresas pagan difieren de la realidad: las grandes empresas los contabilizan desde la oficina gestora o agencia mediadora con un aparatito que se denomina ROUTER y no con el GPS ni con el disco tacógrafo, legal y obligatorio en el propio vehículo. Consecuentemente arriman el ascua más candente a su sardina y a través de mi breve exposición debería quedar claro que la imposición del sector del transporte de mercancías por carretera se aleja de la competitividad de los mercados y se adentra en la práctica de la ilegalidad abusiva que la administración denomina DUMPING: (el dumping es ilegal en territorio español). El gobierno, sin embargo, calla y consiente el abuso desproporcional del infractor en posición dominante, abandona a los autónomos a la suerte de los mercados especulativos y con el silencio gubernamental ofrece apoyo y manga ancha para las prácticas abusivas e ilegales de los grandes empresarios del transporte y de la logística en general. La especulación comercial aunada a las deficientes técnicas de medición kilométrica resta entre un 15 y un 20%  de los km que recorren los vehículos pesados. Ello reduce la liquidación y crea insostenibilidad a los autónomos, además de inseguridad vial por carencia económica para el mantenimiento que además deriva en miseria profesional y familiar.

Mientras los autónomos cesan por el yugo comercial que les oprime buena parte de las grandes empresas del transporte recrecen su patrimonio con malas artes comerciales, incluso en fechas de crisis económica, tan cruciales como nefastas para la sociedad en general. Buena parte de las empresas en dominio de poder económico y social aprovechan la debilidad económica que ellos mismos han creado en el sector autónomo para deshacerse de sus flotas particulares y del personal asalariado, condicionarlo y ofrecerlo a precios a la baja (dumping) al transporte autónomo. Como recompensa al sacrificio de veinticuatro horas a disposición de la carga y la descarga fuera del hogar y de la provincia reciben una mísera cantidad económica cuando no cuantiosas pérdidas que derivan del bajo coste y oscila entre los 0,12 y los 0.20 céntimos de euro de remuneración por km. Se da la circunstancia, además, de que la mayoría de las agencias cobran cantidades por la paralización de vehículo que exceda de dos horas y contempla la LOTT; así como por recogida y reparto de mercancía que oscila, según la región, entre 35 y 45 € unidad y se lo embolsan sin repartir una pizca con el verdadero ejecutor del trabajo. Del mismo modo, algunas empresas perciben sobre cincuenta o más euros por la carga y la descarga que se le obliga a ejecutar al autónomo y depositar sobre los muelles del almacén sin remuneración alguna. Otra práctica propia de las grandes empresas deriva de la dilatación de los pagos, más allá de las fechas que contempla la LOTT, así como de cargar sobre los autónomos los gastos de administración, de emisión de efectos, etc…

Agustín Conchilla Márquez

Vicepresidente de Sociedad Ilicitana Cooperativa de Transportes